Andrés Lajous
REFORMA/ENFOQUE
Ciudad de México (1 noviembre 2009).- Hace
un mes el académico Jon Elster hizo una presentación en el CIDE con
motivo del 35 aniversario de la institución e hizo una propuesta que a
buena parte de los politólogos del lugar tomó por sorpresa. Su
presentación fue larga y cuidadosa, hizo un recuento histórico de la
democracia y de la idea de igualdad política, para desembocar en un
ejemplo: la Asamblea Ciudadana para la Reforma Electoral de la
provincia de Columbia Británica en Canadá. Dicha asamblea fue convocada
por la mayoría en el parlamento, pero se constituyó con ciudadanas y
ciudadanos electos de manera aleatoria entre la población. Los
participantes en la asamblea tuvieron que «donar» sus fines de semana
para educarse en temas complejos de ciencia política, discutirlos con
sus pares, y después hacer una campaña de difusión sobre lo decidido
ante el resto de la ciudadanía.
El problema que pretendían
resolver los legisladores de Columbia Británica era uno de conflicto de
interés. Tras muchos años de tratar de cambiar su sistema electoral, no
lo habían logrado por una sencilla razón: las modificaciones a las
leyes electorales afectarían a los partidos que tuvieran la mayoría, y
por tanto no había partido que se arriesgara a llevar a cabo reformas
que pudieran ir en contra de sus propios intereses.
Hoy en
México enfrentamos un problema similar en relación con el
financiamiento de los partidos políticos. Dentro del Congreso de la
Unión es difícil encontrar al representante que logre iniciar un debate
sobre la propuesta de reducción al financiamiento de los partidos. En
diciembre del 2006 una diputada del entonces partido Alternativa la
hizo y topó con pared. Hace unos días el presidente del PAN lanzó su
propia propuesta, que pareció más una estrategia mediática, pues no
tuvo mayor eco en su bancada, y la oposición descalificó la idea sin
siquiera abrir un espacio mínimo para discutirla.
La dificultad
que representa el tema para la mayoría de las y los legisladores no es
sorprendente. Quien avanza dicha propuesta corre el riesgo de recibir
un escarmiento por parte de sus correligionarios y adversarios
internos, pues ningún político quiere ser expuesto como el que «vota en
contra de reducir el financiamiento de los partidos», y ninguno quiere
ser el responsable de reducir la nómina de su propio partido. Si me
equivoco, y hay más legisladores que estén dispuestos a discutir y
hacer una propuesta en público, como dijo Zapata: ¡que los valientes
den un paso al frente, y pasen a firmar!
Para dificultar aún más
las cosas, el presupuesto de los partidos políticos es el único que
está definido a nivel constitucional. No es sujeto de negociación
política, ni depende de las condiciones económicas del momento. Es un
presupuesto que recibe una inexplicable protección, cuando el resto de
los presupuestos públicos y privados tienen que vivir adaptándose
continuamente a cambios muchas veces inesperados. Con esta perversa
protección, si no hay cambios a la ley o al presupuesto, los partidos
políticos recibirán poco más de 3 mil millones de pesos para el año
2010, sin ser año electoral, después de haber recibido 3 mil 600
millones de pesos este año. ¿En qué están gastando el dinero?
Según
un estudio hecho por la organización civil Alianza Cívica durante el
proceso electoral 2009, a alrededor de 30 por ciento de los electores
(según el muestreo distrital hecho) en algún momento se les ofreció una
dádiva a cambio de su voto. Para operar las estrategias de compra de
votos se necesitan maquinarias burocráticas bien aceitadas, que
complementan las toneladas de propaganda desechable. El dinero se está
usando para comprar votos, no para convencer a votantes.
Una
solución al conflicto de interés que existe entre los partidos
políticos, y la asignación de sus presupuestos requiere de la misma
premisa que la propuesta del profesor Elster: los beneficiarios no
pueden ser los únicos que tomen la decisión.
Por esa razón
varias organizaciones que integran lo que se conoce como la Asamblea
Nacional Ciudadana (ANCA) han decidido hacer su propia campaña de
difusión, opinión y presión sobre el tema. Usando tecnología de
comunicación que permiten «comunicación masiva individual» (redes
sociales, videos, blogs, y correo), la ANCA planteó una discusión
pública que pretende ejercer suficiente presión para romper el
conflicto de interés: ¿no sería mejor que los partidos recibieran su
presupuesto público en relación al total de votos válidos emitidos en
al última elección, en vez del cálculo actual que se hace a partir del
total de integrantes del padrón electoral? En 2010 esto implicaría una
reducción de alrededor de mil 700 millones de pesos.
La virtud
del uso de Internet como medio de movilización es que puede existir con
facilidad pese a la oposición de los afectados, e incluso pese a su
ninguneo; permite más discusión y la incorporación de nuevas ideas de
manera regular.
Dentro de esta discusión surgió la página
www.yabajenle.org.mx, desde la cual cualquier ciudadano puede mandar
una carta a los legisladores de varias comisiones de la Cámara baja,
apoyando la propuesta de la ANCA. Si los diputados deciden hacer caso
omiso, quedará registrado que sabían de la propuesta, que sabían que
miles de ciudadanos la apoyaron, y que aún así evadieron entablar una
discusión. Si contestan al llamado demostrarán que reconocen el cambio
estructural que las relaciones políticas empiezan a sufrir en nuestro
país, que ven ese cambio como una oportunidad para todos, y no como un
obstáculo para sus intereses.
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El autor es integrante de la Asamblea Nacional Ciudadana.
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