En la ciudad de México, a principios del siglo XX, se distinguía la legitimidad en el uso de la violencia a partir de diferencias entre clases sociales. En el libro Ciudad de Sospechosos, Pablo Picatto Piccato narra cómo las autoridades reconocían las diferencias de clase, y por tanto condenaban de manera distinta por actos equiparables. Por ejemplo, el código penal de 1871 eximía de responsabilidad penal a quienes actuaran en defensa de su honor o del de otra persona. Ese fue el caso de Francisco Torres en 1923 -cuenta Picatto Picatto- quien después de pedir a Carlos Susan que dejara de molestar a su esposa en el cine, lo retó a un duelo, y a las afueras del lugar lo mató de un balazo. El jurado, por unanimidad, dejó libre a Torres tras haber presentado testigos que acreditaron su honorabilidad, buenas costumbres, y absoluta honestidad. En contraste, para las autoridades, los pobres de la ciudad no eran sujetos de honor, y por tanto no podían legítimamente ejercer violencia para defenderlo. Cuando había una pelea callejera, la policía arrestaba “a quien estuviera a la mano, incluyendo a la víctima”, o a cualquiera que estuviera sangrando, mientras en las delegaciones muchos detenidos insistían en sólo ser transeúntes. La razón principal de estas prácticas de arresto—continúa el autor—se debía “a la presuposición de los funcionarios de que costaba trabajo distinguir a víctimas de sospechosos de clases bajas, que la palabra de cualquiera no era digna de confianza”.
Cuando leo en el reporte de Human Rights Watch (HRW) las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en México, pienso en la ciudad que describe Picatto, extendida. En el país de sospechosos que seguimos construyendo, en el que un agente del ministerio público federal en Tijuana declara que: “90 por ciento de los delincuentes dicen que fueron torturados y que son inocentes. Es falso. El único que miente es el propio inculpado”. Haciendo así eco al Presidente de la República, que sin ofrecer evidencia jurídica sostiene que 90% de los asesinados en el contexto de la guerra contra el narcotráfico pertenecen a organizaciones criminales.
HRW documentó lo que parece ser la punta del iceberg: 170 casos de tortura por parte de fuerzas de seguridad en cinco estados del país, 39 desapariciones, y 24 ejecuciones extrajudiciales. El documento, entre otras cosas, pinta las características sociales de las víctimas de abusos: “La mayoría de las víctimas en los casos documentados…eran hombres jóvenes de origen humilde o de clase trabajadora. Muchos tenían familia e hijos pequeños. Tenían diferentes ocupaciones; se trata de mecánicos, conductores de taxi, empleados de fábricas y trabajadores de la construcción.”
Aquí mi participación en ForoTV sobre el mismo tema.
Acá el otro libro que cito, "Nuestro hombre en la Habana" de Graham Greene.