Aunque lo parezca, no toda marcha es igual

Hace casi
dos semanas el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llevó
acabo, con apoyo  de otras organizaciones, una gran manifestación
pública para protestar en contra de la extinción de la Compañía
de Luz y Fuerza del Centro. El día de la manifestación, las
estaciones de radio, los periódicos y tuiter, anunciaban la marcha
como el origen de una pesadilla tenebrosa que sufriríamos los
habitantes del Distrito Federal.

Desde
temprano, en
el radio se hicieron análisis políticos
en el que concluían que la movilización convocada por el SME no
sólo era un error político, sino una mala “costumbre de las
izquierdas” al creer que así se puede generar “presión” desde
la calle.

Los
comentarios más moderados simplemente pedían que se reglamentaran
las manifestaciones, pues “hasta se hace en países liberales como
Holanda” para que por lo menos con 3 días de anticipación se
informara sobre cualquier manifestación que afecte la circulación
vehicular (aunque la manifestación del SME había sido convocada
por lo menos una semana antes).
Los comentarios más reaccionarios, que circulan con cierta facilidad
en tuiter y en las llamadas telefónicas a las estaciones de radio,
eran más sencillos “para eso está el ejército, quiten a los del
SME de la calle”–exigían.

Acompañando
estas descalificaciones a la movilización callejera como forma de
acción política, algunos partidos políticos casualmente “reviven”
iniciativas de ley para
regular las marchas y manifestaciones en el Distrito Federal. Una
de estas iniciativas (por
suerte congelada hace más de un año) va tan lejos como para
declarar ilegal cualquier manifestación que se lleve a cabo en el
primer cuadro del centro de la ciudad, o sobre las avenidas Reforma e
Insurgentes, en días laborales, y hacer sujetos de arresto a quienes
“hayan tomado la palabra” en el transcurso de una manifestación.
Otra
de ellas, un poco más
razonable, exige que no se violenten derechos de terceros, aunque no
aclara por completo qué implica esto, pues no hay movilización
masiva que de una manera u otra no lo haga.

Lo que llama
la atención, tanto de las descalificaciones más superficiales como
de los llamados más duros en contra de las marchas callejeras, es
que pretenden aplicar un sólo estándar a cualquier marcha, sin
importar los motivos y objetivos de los manifestantes.

Para
el filósofo estadounidense Michael
Sandel este tipo de defensa
de los derechos de terceros es una defensa procedimental. Esto quiere
decir que quienes hablan de prohibir o detener cualquier
manifestación que invada derechos de terceros no están dispuestos a
evaluar y juzgar la situación, pues pretenden que las leyes sean de
aplicación automática. Para ejemplificar su argumento, Sandel
compara dos casos de manifestaciones públicas en Estados Unidos.
Una, la manifestación de un grupo neonazi en de pueblo Skokie,
Illinois en 1977 habitado principalmente por sobrevivientes del
Holocausto; otra la marcha convocada por Martin Luther King de Selma
a Montgomery, Alabama en 1965 para exigir el reconocimiento de los
derechos civiles de las y los ciudadanos negros. En el caso de
Skokie, cuando las autoridades del pueblo negaron el permiso de
manifestación a los grupos neonazis, estos se defendieron alegando
que restringir su manifestación era una violación a la libertad de
expresión. En el caso de la marcha por los derechos civiles, el
gobernador conservador de Alabama pretendió prohibirla argumentando
que bloqueaba el transito en una carretera estatal.

En ambos
casos, todos los grupos interesados podrían defender su posición
como la violación de sus derechos. Los neonazis y los activistas de
derechos civiles argumentaron la violación de su libertad de
expresión. Los gobiernos de Alabama, y de Skokie arguyeron la
violación de los derechos de terceros. Aunque la defensa de derechos
estandariza situaciones completamente distintas, nos dice poco sobre
el valor y significado de cada una de las manifestaciones. Si sólo
se usan los derechos como argumento, entonces renunciamos a juzgar,
evaluar y discernir.

Cuando el
caso de Skokie llegó ante un juez, éste falló en favor de los
neonazis con un argumento de libertad de expresión, pese a que la
manifestación dañaba los derechos de terceros según las
autoridades del pueblo, pues tenía como único objetivo lastimar a
sus habitantes con un discurso de odio racial. En cambio, cuando el
caso de los manifestantes de Selma llegó a un juez, éste sentenció:

“…la
extensión del derecho a reunirse, manifestarse y marchar de manera
pacífica en las carreteras…debe ser comparable con la enormidad de
los males contra los que se protesta y exige. En este caso, los males
son enormes. La extensión del derecho a manifestarse en contra de
estos males debe ser determinado de manera correspondiente”.

Es decir, en
un caso se defendió la libertad de expresión de manera meramente
procedimental, sin evaluar el daño causado y las motivaciones de los
neonazis, en el otro se evaluó el contenido de las demandas y las
razones para manifestarse. Para Sandel la diferencia es obvia, los
Nazis promueven el genocidio y el odio, mientras que Martin Luther
King luchaba por los derechos civiles de los negros. Aunque ambos
“dañaban” derechos de terceros, sería una insensatez decir que
eran iguales.

Pocos de
quienes se opusieron a la marcha del SME a mediados de este mes
piensan que el tema central es la libertad de expresión. De la misma
manera, quienes apoyaron la movilización considerarían inaceptable
su restricción. Pretender “regular” las manifestaciones a raja
tabla sin dar espacio para reflexionar sobre ellas y ponderarles como
parte de la discusión pública más amplia, sería como hacer
moralmente equivalente las lucha por los derechos civiles y el
nazismo. Por eso en vez de imponer nuevas leyes que es poco probable
que sirvan de algo, sería mejor gastar el esfuerzo en tener
instituciones jurídicas confiables, transparentes y democráticas
que no renuncien a su papel público tras un discurso llano de
derechos sino que se den la tarea de distinguir aquello que no es
igual.