José Antonio Aguilar Rivera 25 de agosto de 2005
Desamparo ciudadano y democracia
TRADICIONALMENTE la democracia es el régimen que eleva al ciudadano al
papel de protagonista de la gesta política. En la revolución francesa el simple
"ciudadano" reemplazó a los títulos nobiliarios.
La mexicana, sin embargo, ha sido una democracia poco amable con los
ciudadanos. Jorge Castañeda ha presentado el fallo adverso de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación a su pretensión de ser candidato independiente a la
Presidencia de la República como la constatación del desamparo ciudadano en el
que nos encontramos.
Qué es el ciudadano hoy, podríamos preguntarnos parodiando al abate
Sieyés en su célebre panfleto "¿Qué es el tercer Estado?". Nada, sin
los partidos, los poderes del Estado, los gobiernos estatales, el Congreso o
los municipios.
El ciudadano es una fantasía que no puede hablar ni actuar por sí solo. Todo
esto es cierto, y Jorge Castañeda descubrió la causa ciudadana en un buen
momento para él. Todavía ningún partido político le ha ofrecido, en bandeja de
plata, la ansiada candidatura.
Al mismo tiempo que cuestiona la constitucionalidad de las leyes y los
códigos, y despotrica contra el oligopolio partidista por otro lado no tiene
empacho en continuar las arduas negociaciones que según diversas fuentes ha
mantenido con varios minipartidos para ser su candidato.
Jorge Castañeda no es un ejemplo de coherencia, ciertamente. Tampoco es
el tribuno ciudadano que pretende. Para ponerlo pronto, el ex canciller no es
un simple ciudadano, es un notable. Él mismo adujo su notabilidad su nombre,
prestigio académico e intelectual, cargos públicos y su antecedente como
fundador del grupo San Ángel como argumento en su recurso de amparo.
Castañeda es miembro de la élite. ¿Habría atraído la Suprema Corte el
caso si el quejoso se llamara Juan Pérez, de Iztacalco, de profesión contador
público? Probablemente no. La notabilidad, aunque tiene sus privilegios, no
basta.
En el sistema actual el pastel solamente es para los notables con
partido.
Sin embargo, el fallo de la Suprema Corte ha puesto sobre la mesa un
asunto en extremo complejo.
Por un lado están los derechos políticos, que son derechos
fundamentales, y que están parcialmente conculcados por el monopolio de los
partidos políticos de las vías de acceso al poder. Por el otro está la lógica
de las instituciones, que ve en el personalismo voluntarista una amenaza muy
real a la democracia.
El temor al cesarismo democrático no es quimérico. Hombres populares,
que apelan directamente al pueblo, han representado en repetidas ocasiones un
peligro a regímenes democráticos. La oligarquía de los partidos es menos
destructora del entramado institucional que la tiranía del hombre providencial.
Los casos de Alberto Fujimori, en Perú, y de Hugo Chávez, en Venezuela, lo
atestiguan. Así que hay razones más que fundadas para evitar tal escenario.
Existen argumentos de peso en ambos lados de este debate, que
probablemente no pueda resolverse en forma satisfactoria del todo. Se puede
defender de manera razonable la ley actual.
Sin embargo, la mayoría de ministros en la Suprema Corte resolvió el
asunto de una mala manera. Simplemente adujo que la constitucionalidad de las
leyes electorales no puede revisarse a partir de un juicio de amparo promovido
por un individuo.
El camino que establece la Constitución y las propias leyes para este
fin es la acción de inconstitucionalidad.
El problema es que un ciudadano no puede promover tal acción, pues le
está reservada a los poderes del Estado. A diferencia del judicial review de
Estados Unidos, en México un individuo no puede exigir la revisión de la
constitucionalidad de una ley u acto aunque le afecte directamente. Así deja en
la indefensión a los ciudadanos.
Esta es una democracia con ciudadanos de segunda. No sólo están
desprotegidos los derechos políticos, en México los derechos civiles también
son violados impunemente todos los días.
La ley de amparo, de larga vigencia en el país, es una de esas
construcciones legales sumamente defectuosas, pero que por alguna extraña razón
nos llenan de orgullo.
Una persona detenida arbitrariamente por un retén policiaco para revisar
si ha bebido, si tiene un lance amoroso con su acompañante, simplemente no
puede recurrir a la justicia para proteger su derecho fundamental al libre
tránsito por el territorio nacional.
La ausencia de los derechos civiles de las agendas de todos los partidos
es notable. La opinión pública escucha con paciencia o simpatía las tiradas
antiparlamentarias e ingenuas del subcomandante Marcos, pero no tiene tiempo
para hablar de los derechos de las personas a expresarse, reunirse, transitar,
etcétera.
El gran déficit de nuestra joven democracia es la ausencia crónica de
mecanismos eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. La razón de
tal carencia es que los actores menos poderosos son precisamente los ciudadanos
comunes y corrientes.
El sistema político mexicano ha podido ningunearlos porque la aguda
desigualdad social lo ha permitido: la gran mayoría de ellos son pobres, tienen
poca educación y se encuentran desorganizados.
En Roma, los tribunos de la plebe hablaban por la masa de pobres. La
defendían de la rapacidad de los patricios. Ese era, como el de Castañeda, un
recurso aristocrático.
En las democracias la mayoría de ciudadanos encuentra su propia voz y
funda sus propias organizaciones, no requiere de notables que hablen por ella. En la nuestra, en cambio, hay ciudadanos y ciudadanos.