Jesús Silva-Herzog Márquez / El nuncio en Gobernación
Por Jesús Silva-Herzog Márquez
Reforma
El obispo llama a la
desobediencia. El secretario de Gobernación lo secunda. El motivo de la
coincidencia es lo de menos. La eutanasia es, sin duda, un complejo problema
filosófico y jurídico. No dedico este espacio a su examen. Me concentro en otro
asunto que ha revelado el asomo de debate reciente: la deslealtad institucional
del secretario de Gobernación. No merece otro calificativo la reacción de
Carlos Abascal ante el desafío del cardenal. Ante la disyuntiva entre la
legalidad del Estado mexicano y los mandatos de su iglesia, el secretario se
inclina por las exigencias de su fe. El caso es particularmente grave por
tratarse del mismísimo secretario que tiene como responsabilidad vigilar el
cumplimiento de la ley de las iglesias. Abandonando esa responsabilidad, el
funcionario público actúa más como representante de la iglesia que como
funcionario de un Estado laico.
Repasemos los hechos brevemente. Un legislador presenta
una iniciativa para regular la "muerte asistida". La Iglesia católica
reacciona de inmediato para condenar el intento como una expresión de lo que
ellos llaman la "cultura de la muerte". Era de esperarse. Nadie
podría sorprenderse de la condena de la jerarquía eclesiástica. El arzobispo
Norberto Rivera articula entonces una seria advertencia a los órganos
democráticamente constituidos: si ustedes pronuncian ley sobre la materia, la
sociedad no tendrá razones para obedecerlos. Nada muy extraño para quien
conozca algo de la filosofía política de la Iglesia Católica. "Cuando la
autoridad se sale del marco legal desde donde puede y debe gobernar, no hay
obligación de tributarle obediencia". El gobierno es legítimo si sigue el
orden natural. Más allá de los votos y los parlamentos, los dictámenes de la
Iglesia Católica son los verdaderos certificados de legitimidad -y los permisos
de la desobediencia. Tampoco sorprende la posición del arzobispo. Será
antidemocrática y antimoderna, pero es la suya: la postura de la institución
que representa. La novedad es que el secretario de Gobernación secunde la
convocatoria. El secretario se declaró convencido de que la ley positiva era
una "expresión de la ley de orden natural". Una manifestación del
orden natural, no una creación humana sino una derivación de un orden cósmico. No
una expresión de la voluntad mayoritaria en un sistema democrático, sino un
testimonio de la voluntad de Dios interpretada por los hombres. Por lo tanto,
seguía el secretario Abascal, "puede existir el derecho a la objeción de
conciencia, cuando, a juicio de una persona, se viola el orden natural, se
altera el orden moral, mediante una ley escrita". El cumplimento de la ley
subordinado a consideraciones personales de los obligados. Por considerar
inmoral esta norma, la desacato. El secretario sigue la argumentación del
obispo: los individuos no tienen por qué obedecer las normas que consideran
injustas.
El secretario podría dar razones en contra de la
iniciativa; podría ofrecer argumentos para rechazar la legislación propuesta;
podría, incluso, sugerir alternativas jurídicas en contra de una norma que
considere inconstitucional. No toma ninguno de esos caminos. La ruta que elige
es otra: la invocación del derecho natural y la santificación del desacato. Los
ensueños del derecho natural, por encima de la objetividad del derecho escrito.
Podría argumentar su postura moral dentro de la Constitución. No lo hace. Desde
el gobierno, argumenta en contra de la supremacía del orden constitucional y el
tejido de las leyes mexicanas, sometiendo su cumplimiento a una prueba
individual de moralidad. El funcionario público eleva los dictados morales de
su persuasión religiosa por encima de las exigencias generales del Estado
democrático. Arriba de la ley fundamental, su fe. El funcionario actuando como
nuncio, representante de la cabeza de la Iglesia Católica frente al Estado
mexicano. Abierta deslealtad institucional.
Carlos Abascal debió excusarse cuando el presidente Fox
tuvo la mala idea de proponer su nombramiento como secretario de Gobernación. Sus
convicciones más profundas lo inhabilitan para cumplir la función legal que le
corresponde. Carece de la neutralidad y del sentido de Estado que su
responsabilidad exigen. No desentierro aquí un jacobinismo intolerante. Me
parece evidente que un hombre que ha hecho público su rechazo al Estado laico
no puede ser ministro del interior de ese Estado. Un hombre que ha sostenido
abiertamente su persuasión de la necesaria subordinación política del gobierno
frente a la Iglesia (católica, por supuesto) no puede dirigir la política
gubernamental frente a todas las iglesias. Las convicciones profundas del
secretario Abascal son respetables pero abiertamente incompatibles con la
función gubernativa que la ley establece. Su primera lealtad es con su Iglesia,
no con el Estado mexicano.
En 1973 Carlos Abascal publicó su tesis profesional bajo
el sello de la Editorial Tradición. En su introducción pedía a Dios que ese
texto no fuera a quedar enterrado en los archivos. Pedía que su Verdad (así, en
singular y con mayúsculas) sirviera para "conocerla, aceptarla, amarla y
defenderla". Por cierto, la posibilidad que esa "verdad" fuera
discutida, no aparecía en su imaginación. Como sea, hagámosle caso a Abascal y
desenterremos sus argumentos del archivo. Decía el entonces joven abogado de la
Escuela Libre de Derecho que su ideal más preciado era "la defensa
ideológica de la Iglesia y de (su) patria". El libro exige la
subordinación de todo gobierno a los mandatos de la Iglesia. Sostiene que la
modernidad ha querido esclavizar al poder espiritual, contraviniendo los
dictados del orden natural. Ese orden natural que sigue invocando el ahora
secretario, dispone ni más ni menos, la soberanía de la Iglesia. Siendo su fin
espiritual superior a los fines terrenales de todo gobierno, el poder público
debe subordinarse siempre a los dictados del poder eclesiástico. La voluntad de
Cristo, la práctica de los apóstoles, la historia de la Iglesia y lo que llama
razones naturales y jurídicas fundamentan su postura. La ley positiva, por
supuesto, no aparece como argumento persuasivo. El gran enemigo de la Verdad es
el laicismo. La laicización es "irreligiosa, antinatural y
antijurídica". Ese era el dictamen de Abascal hace un poco más de treinta
años. Si el hoy secretario de Gobernación ha cambiado de posición, no lo ha
demostrado con hechos. Dogmático, cerrado a cualquier argumento contrario, el
autor de Las relaciones entre el poder espiritual y el poder temporal sostiene
que su razón es una defensa de La Verdad. Ahí, sólo ahí, está la libertad: el
derecho de la Verdad de ser defendida y difundida. Por eso la Iglesia, que es
"la encarnación de la Verdad", debe gozar libertad absoluta. Y el
Estado, naturalmente, debe seguir la pauta moral de la Iglesia. ¿Puede este
hombre cumplir sus funciones legales como ministro del interior de un Estado
laico?
Carlos Abascal, secretario de Gobernación. La Iglesia en
manos de Lutero.