El Alternativa compartimos la
preocupación de diversos actores sociales y políticos por garantizar el derecho
a la privacidad. “La protección de la vida privada y la protección de la
intimidad, menciona Fernando Escalante, son necesarias como estructura del
orden jurídico y como garantía de respeto a la dignidad de la persona”. También
compartimos la visión del Magistrado José Ramón Cosío, quien recientemente se
pronunció por no tomar en cuenta las grabaciones obtenidas de manera ilícita
como pruebas válidas para el desahogo de un proceso judicial. De acuerdo, estas
grabaciones no pueden ser validadas, pero sí pueden y deben ser un punto de
partida para que se inicien investigaciones judiciales y conocer la verdad. La
cortina de escándalo que ha acompañado estos hechos, no nos ha permitido
descubrir con toda claridad, lo que está de fondo: la explotación y el comercio
sexual con menores de edad.
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