En días recientes, varias organizaciones (Oxfam, México Evalúa, IMCO, ITDP, CEEY, entre otras) publicaron un posicionamiento claro sobre por qué consideran que Paloma Merodio no cumple los requisitos para ser vicepresidenta del INEGI. En términos generales estoy de acuerdo con lo que han publicado.  Sin embargo, hoy sentí la  necesidad de escribir algo al respecto después de leer el artículo en Reforma de Jonathan Heath. En él, Heath, hace un claro recuento de los argumentos en contra de la nominación de Merodio, y agrega una lista de mujeres (Lorenza Martínez, Ana María Aguilar, Evelyn Rodríguez, Delia Paredes, Sara Castellanos, Irene Espinosa, Nelly Aguilera, entre otras) que podrían ser nominadas y cumplir los requisitos que existen para el cargo. Sorprendentemente termina su texto dando por un hecho que Merodio será aprobada por el Senado, y cierra con buenos deseos en su nuevo encargo. Lo que me preocupa de este giro final en la argumentación de Heath es que le resta importancia el riesgo en el que pone al INEGI la simple propuesta de Merodio.

El INEGI y el Registro Federal de Electores (RFE) son probablemente las dos instituciones más importantes que hay en el país. Son tan importantes que no se suelen notar mucho. Son como el agua para los peces. Todas y todos los ciudadanos estamos tan envueltos por ellas, y nos son tan naturales, que a veces nos es imposible notar su importancia. Sin estas dos instituciones, la discusión pública en México y la organización del poder serían radicalmente distintas. No discutiríamos cosas sustantivas, sino que discutiríamos únicamente qué es verdadero y quienes tienen derechos. Esas son el tipo de discusiones que hacen que el resto de las instituciones no funcionen. Si no existiera el INEGI, o si nadie creyera en lo que produce, no se podrían justificar la mayoría de las políticas públicas que existen en el país. Si no existiera el RFE, o nadie creyera en lo que produce, no podrían haber elecciones.

Una muestra de ello son la viejas discusiones sobre la confiabilidad (pre-1990) del padrón electoral,  y la muy reciente discusión sobre la medición de la pobreza. Este segundo caso no sólo es más reciente, sino que el INEGI jugó un papel fundamental al modificar la forma en la que se levanta la encuesta que se usa para medir la pobreza. El levantamiento de la información, con el cambio metodológico, sucedió casi en paralelo al nombramiento de José Antonio Meade como Secretario de Desarrollo Social, quien ya era un crítico de cómo se  mide la pobreza en México. Este cambio  provocó una reacción de CONEVAL (el órgano especializado en medir la pobreza en México) que obligó a suspender la publicación de datos sobre pobreza para 2015. La decisión se tomó no sólo porque el cambio se hizo de forma poco transparente, sino porque no se mantuvo la forma de medir anterior para poder hacer comparables los datos. Es decir, la medición de la pobreza en 2015, a la par de la crítica del Secretario de Desarrollo Social a la medición, dio números que no nos permitirían saber si la pobreza había bajado o había subido.  Sólo nos permiten saber que se había medido de forma distinta.

Meade, no conforme con el cambio metodológico en el levantamiento de datos de INEGI, también implementó una “Cartilla Social” para que SEDESOL informara a todas y todos los beneficiarios de programas sociales cuánto dinero recibían y cómo éste forma parte de su ingreso. La distribución de esta cartilla se hizo con vistas a afectar la medición de la pobreza que se hizo por INEGI en 2016. La propia Subsecretaria de SEDESOL entonces, Vanessa Rubio, dijo que ese era uno de los objetivos de la cartilla. Para entonces, Merodio ya era Directora de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales en SEDESOL y hace menos de un mes hizo en la Universidad Iberoamericana una presentación sobre la “Cartilla Social”. Es decir, ella es parte de quienes han sido responsables en implementar la “Cartilla Social” que ha tenido como objetivo afectar la medición que hace INEGI de la pobreza.

La secuencia de eventos, la reacción que provocó en CONEVAL y la implementación de la “Cartilla Social” nos dejan ver que en la generación de datos hay disputas políticas. La pobreza no sólo es un hecho, sino que es un hecho en la medida en que nos pongamos de acuerdo en que lo es. Esto es el caso con todo, no solo con la pobreza. No es exagerado decir que literalmente lo que llamamos real y verdadero es en parte producto de disputas y acuerdos. Por esta razón en los requisitos que se ponen para integrar los órganos de gobierno de instituciones como INEGI se aspira a que las y los integrantes puedan mantener al menos la apariencia de imparcialidad.

Sé que hoy es difícil sostener sin matices que existe algo como la objetividad o la imparcialidad de forma absoluta. No es descabellado ver vínculos y relaciones políticas entre, por ejemplo, Eduardo Sojo, quien fue Presidente del INEGI, y los gobiernos panistas, o el presidente actual, Julio Santaella, y la burocracia de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Lo mismo se puede decir de varios de los presidentes anteriores del INEGI. Sin embargo, la trayectoria, experiencia y el prestigio profesional se usan como criterio justamente para contrarrestar esos vínculos. No es lo mismo decir, “el presidente nombró a su compadre como secretario (…¿Luis Miranda?)” , que decir “el presidente nombró a un funcionario con una larga trayectoria, experiencia y prestigio, que resulta ser también su compadre”.

Es por estas razones que la trayectoria, experiencia, y prestigio de Merodio sí son importantes. No es simplemente si se cumplan los requisitos legales o no: es que hay otras personas (que incluso son igual o más cercanas al gobierno actual) que tienen una trayectoria más larga, tienen más experiencia en estos temas y tienen más prestigio. Es decir, la exigencia de cierto perfil en la nominación al órgano de gobierno del INEGI sirve para proteger a la institución de que en algún momento no se necesiten justificar los nombramientos y se hagan exclusivamente por la cercanía al gobierno. El riesgo mayor, incluso, no es que Merodio sea nombrada vicepresidenta, sino que la imposibilidad de defender su nominación a partir de una larga trayectoria, experiencia y prestigio, hagan que el próximo nombramiento sea simplemente justificado como una cuota partidista. No es que quienes estamos criticando la propuesta estemos  “en la grilla política” como se ha escrito, es que la propuesta como fue planteada es eminentemente política. Si el PRI y Meade meten a una persona involucrada en la modificación de la medición de la pobreza y la disputa con CONEVAL al órgano de gobierno de INEGI, ¿el siguiente nombramiento a quién le toca?

Proteger al INEGI es no dejar que la disputa en la integración de sus órganos de gobierno pueda ser leída exclusivamente como una disputa política. Peña Nieto, al proponer a Merodio, no sólo no está protegiendo al INEGI, sino que lo está dañando. Pero él no es el único responsable, si a Merodio le importa que el INEGI siga siendo la institución que ha podido ser hasta ahora en términos de confiabilidad y legitimidad, entonces ella debería retirar su nominación.

 

Leer completo

17 marzo, 2015

Un error en este blog

Hace unos meses publiqué un post sobre la ausencia del Estado en Guerrero y en el resto del país. Como evidencia a esta ausencia hice un mapa con el porcentaje de “domicilios conocidos” por municipio. Esto es, el porcentaje de votantes registrados que aparecen en el padrón electoral del INE con “domicilio conocido” en vez de una dirección.

Sobre los errores en público hay dos escuelas. Una dice que si cometes un error y nadie se da cuenta, mejor no digas nada. Mientras nadie se haya dado cuenta no tienes por qué ser tú quien señale que cometiste el error. Recuerdo que alguna vez alguien me dijera (en otro contexto), algo así como, “Si ellos nunca reconocen sus errores para qué los reconoces tú. Va a parecer que ellos nunca los cometen, y tú sí”. La otra escuela dice que siempre debes de reconocerlo si cometiste un error en público. La razón es que cometer un error, sobre todo cuando se trata de información, el asunto no es sobre ti, sino sobre la información que ahora tienen otros y que por tu error, es incorrecta. La atención es pues sobre los efectos de la información sobre los otros y no sobre los efectos de cometer un error en público sobre ti.

En más de una ocasión he estado en un lugar en el que se discute si se reconoce un error público o no. La mayoría de las veces he pensado que se tiene que reconocer, pero he resultado tímido en mi opinión y dejo que impere la lógica de no anunciar el error propio. Creo que la peor consecuencia de no reconocer un error es que es probable que los sigas cometiendo. Nada mejor para ser más cuidadoso que comprometerse en público a tratar de ser más cuidadoso. Y todavía mejor si del error que comete uno pueden aprender otros.

Para hacer el mapa en el post al que me refiero usé la cartografía del INEGI y los datos del INE. A la hora de unir ambas bases de datos no me di cuenta que no usan los mismos “códigos municipales” (normalmente una concatenación del código de entidad con el de municipio). No tengo claro cuándo y por qué empezaron a divergir. La consecuencia fue que la distribución geográfica de los datos en aquél mapa era incorrecta porque son varios cientos los municipios en los que tienen distintos códigos en cada base de datos. Este es el mapa bueno.

unkad_esp

No soy la primera persona que comete este error, y por suerte me di cuenta antes de seguir trabajando con estos datos. Sólo noté la divergencia porque en Baja California Sur no sólo los municipios tienen distintos códigos, sino que usan distintos números. Este mismo error fue señalado por Javier Márquez que se lo topó en un documento de “México Evalúa” sobre la Cruzada Contra el Hambre hace un par de años. También en el repositorio de Diego Valle se pueden descargar las dos listas de códigos. Aprovechando el asunto, no estaría mal saber por qué el INE usa distintos códigos a los del INEGI, y si ya es imposible empatarlos.

Leer completo

Entre todas las cosas que están pasando y dejando de pasar en México a veces es difícil ver qué no sólo es importante ahorita sino lo que será importante en el largo plazo. Es fácil que pase por desapercibida una nota publicada ayer en el New York Times, en la que reportan que en lo que parece es el Conteo de Población y Vivienda 2015 se incluirá algo así como identificación racial.  No me queda claro cómo estará planteada la pregunta que parece recién se probó en una encuesta, pero tiene que ver específicamente con las personas que se identifiquen como negros o de ascendencia africana. No sé si han salido notas al respecto en la prensa mexicana, pero hasta el momento no he visto alguna.

El tema es importante porque en el censo en México desde los años treinta no se incluye identificación racial. Se incluía e incluye lengua, y más recientemente pertenencia étnica entendida como “cultura”. Hasta donde sé no se incluía ascendencia genética ni color de piel. En parte porque el Estado mexicano al menos en un siglo no ha usado como forma de clasificación la raza o color de piel,  en la encuesta de CONAPRED cuando a la gente se le pide que se autoclasifique por color de piel las respuestas no caen en categorías raciales, sino en sinónimos de colores. En la encuesta encontré al menos 43 respuestas únicas que incluyen descripciones de colores y algunas categorías que se usan cotidianamente: mulato, indígena, ni moreno ni güero, blanca quemadita, rosita, caoba, arena, aperlados, cremosa, blanca, termino medio, dorado, moreno, un poco amarillo, azteca, etc. Esto no quiere decir que las personas no sepan que hay distintos colores de piel, sino que como no es una clasificación que se use explícitamente no parece que hayan definiciones compartidas.

No hay duda que desde mediados de los noventa ha habido un esfuerzo por romper el mito del mestizaje y la raza cósmica, pero ese esfuerzo, hasta donde ha quedado institucionalizado no hace referencia a ascendencia genética o color de piel. Ni en los acuerdos de San Andrés ni en el artículo 2 de la constitución se define indígena de forma genética ni por fenotipo. Se define por “usos y costumbres”, lengua, o pertenencia a comunidades con cierto tipo de instituciones y patrones culturales. Incluso dicen que ser indígena tiene que ver con la conciencia. De alguna forma, sin importar la composición genética, cualquier comunidad puede en algún momento ser reconocida como indígena. Empezar a clasificar por raza y color de piel, sí es el fin del pacto posrevolucionario sobre raza en México. No es lo mismo decir que México es “multicultural” o “pluriétnico” que decir que es “mutiracial”.

El Estado es el gran clasificador, y es probable que una vez que el Estado mexicano clasifique a las personas por raza y color de piel, cotidianamente esas categorías cobren mayor significado.  Hoy sin duda las personas hacen cotidianamente clasificaciones basadas en raza y color de piel, pero estas no están estandarizadas y por tanto a veces se usan de una manera y otras de forma contradictoria. Esta indefinición hace nuestras fronteras raciales particularmente porosas. A nadie le queda hoy muy claro, incluso en esas clasificaciones cotidianas, quién queda dentro, quién queda fuera, cuándo y por qué. Las disputas que hoy tienen que ver con raza y color de piel en México siempre tienen que pasar por la dificultad de ponerse de acuerdo exactamente dónde y cuándo se pintan las líneas entre una y otra.

Entiendo uno de los argumentos a favor de la clasificación racial por parte del Estado. Sus defensores suelen decir, “En México hay racismo escondido. La forma de hacerlo evidente es clasificando a las personas de tal manera que puedan enfrentar las formas de racismo que no se reconoce que existen. A partir de la clasificación explícita, las fronteras de raza se harán más brillantes y podrá haber movilización en contra de la discriminación”. Es una versión de la “profundización de las contradicciones” del marxismo, que incluye su propia visión optimista sobre el futuro. Sin embargo,  esos mismos defensores de la clasificación tienen que reconocer que hay algo de incertidumbre sobre sus consecuencias. No es fácil saber qué pasará una vez que se vaya extendiendo la clasificación, y no sabemos cómo serán retomadas cotidianamente estas categorías una vez que se difunden, vuelven compartidas, y el Estado tome decisiones en función de ellas. Es decir, estos mismos defensores de la clasificación racial tienen que reconocer que las consecuencias pueden ser contrarias a lo que esperan. Puede ser que nuestra tan difusa, contradictoria y claro discriminatoria concepción de raza resulta aún más discriminatoria. No es que la clasificación “descubra” qué razas hay en México, sino que las construirá y nos dirá qué razas habrá en México. La forma en la que el Estado ha construido las razas en otros países no me parece una consecuencia muy alentadora.

¿Querrán que a partir del año que entra me entienda como un  “mexicano blanco”? La idea me saca un poco de quicio. Me hace pensar que tal vez de todas las cosas que se pueden importar de Estados Unidos, sus formas de clasificación racial no son las mejores, o por lo menos no son las mejores para México.


 

Gracias a Antonio Martínez veo un blog donde aparece al menos una parte de la discusión entre INEGI y organizaciones civiles que exigen que se incluya en el Conteo 2015 la categoría según la autodescripción de “los pueblos negros” de Guerrero y Oaxaca.

Leer completo