Hace apenas unas semanas millones de ciudadan@s de un momento a otro se convirtieron tanto en actores como espectadores de la vida pública en nuestro país. La emergencia sanitaria vinculada a un nuevo virus, no distinguió y generó costos tanto para ricos y pobres como para perredistas y panistas. Se discutió por doquier ¿qué era esta nueva amenaza? ¿era una conspiración? ¿era una sobrerreacción del gobierno para ganar votos? ¿la evidencia del bio-poder en el siglo XXI mexicano? Todos alarmados, todos espantados sobre las consecuencias para la democracia de la emergencia sanitaria. ¿cuáles fueron las consecuencias?

Sin embargo, la emergencia sanitaria fue eso. Una emergencia sanitaria a la cual los gobiernos en nuestro país actuaron como pudieron bien y mal, pero simplemente actuaron tratando de evitar el peor escenario que era una epidemia mortal, pero nunca a través de la suspensión de los mecanismos democráticos. NO se arrestó a nadie por ser portador del virus, no se acusó a nadie de ningún delito como "contagiar voluntariamente a otros", de hecho no se sometió a cuarentena a nadie excepto a los hospitalizados, y no está claro que hayan sido sometidos a algún aislamiento sorprendente. Se restringieron por unos días ciertas formas de hacer campaña política, pero estas no se detuvieron ni se habló de suspender o posponer las elecciones.

En cambio, pese a que la "guerra contra las drogas" en las grandes ciudades tiene a más espectadores que actores el ruido no es el mismo. Aun cuando la detención de por lo menos 10 funcionarios públicos electos popularmente  en Michoacán cruza de manera impredecible una estrategia de seguridad  controlada por el ejecutivo y las fuerzas militares sobre los procedimientos democráticos. Sí, es posible que hayan pruebas de que esos 10 alcaldes hayan pactado, negociado, o participen en el narcotráfico. También es posible que ahora, a un mes de las elecciones federales, haya sido el único momento en el que podían hacer un operativo para detenerlos. Todo eso puede ser cierto. ¿pero qué pasa cuando el gobierno federal empieza a remover incluso con pruebas a funcionarios que fueron electos como resultado de una elección democrática? ¿qué pasa si mañana nos avisan que en Campecha detienen a otros 10 alcaldes, en Chihuaha a 5, en Morelos a 15, en Jalisco a 20, etc? ¿qué pasa si tenemos pruebas de que diputados, senadores y gobernadores están vinculados con el narco? ¿los vamos a remover a todos? Si vamos a hacer eso, ¿cómo vamos a organizar elecciones dónde el narco no se meta? ¿quién va a nombrar a los sustitutos? ¿qué tan lejos estamos de que por lo menos en algunos lugares se declare que no hay condiciones para que hayan elecciones? ¿cuanto aguanta la democracia el estado de guerra?

Mi preocupación mayor es que en el momento que se pueden remover desde arriba a los gobernantes que fueron electos como producto procesos electorales mínimamente democráticos, entonces se generan de nuevo intereses y oportunidades para usar ese mecanismo como instrumento político. Una vez que las élites políticas se les da la oportunidad de remover y nombrar, el problema no es que se peleen sino que acuerden: "Tu nombra a los de aquí y yo nombro a los de acá".

Espero que con las misma preocupación que brincaron todos los que vieron en la emergencia sanitaria el reisgo del autoritarismo, brinquen y se preocupen, pongan atención e investiguen, busquen fuentes diferentes a las oficiales para entender, explicar, corregir, y comunicar. Todo eso lo hicieron con la emergencia sanitaria para prevenir el autoritarismo ojalá, y en serio lo deseo, que también lo hagan con la "guerra" que el gobierno nos informa se vive en nuestro país.