En días recientes, varias organizaciones (Oxfam, México Evalúa, IMCO, ITDP, CEEY, entre otras) publicaron un posicionamiento claro sobre por qué consideran que Paloma Merodio no cumple los requisitos para ser vicepresidenta del INEGI. En términos generales estoy de acuerdo con lo que han publicado.  Sin embargo, hoy sentí la  necesidad de escribir algo al respecto después de leer el artículo en Reforma de Jonathan Heath. En él, Heath, hace un claro recuento de los argumentos en contra de la nominación de Merodio, y agrega una lista de mujeres (Lorenza Martínez, Ana María Aguilar, Evelyn Rodríguez, Delia Paredes, Sara Castellanos, Irene Espinosa, Nelly Aguilera, entre otras) que podrían ser nominadas y cumplir los requisitos que existen para el cargo. Sorprendentemente termina su texto dando por un hecho que Merodio será aprobada por el Senado, y cierra con buenos deseos en su nuevo encargo. Lo que me preocupa de este giro final en la argumentación de Heath es que le resta importancia el riesgo en el que pone al INEGI la simple propuesta de Merodio.

El INEGI y el Registro Federal de Electores (RFE) son probablemente las dos instituciones más importantes que hay en el país. Son tan importantes que no se suelen notar mucho. Son como el agua para los peces. Todas y todos los ciudadanos estamos tan envueltos por ellas, y nos son tan naturales, que a veces nos es imposible notar su importancia. Sin estas dos instituciones, la discusión pública en México y la organización del poder serían radicalmente distintas. No discutiríamos cosas sustantivas, sino que discutiríamos únicamente qué es verdadero y quienes tienen derechos. Esas son el tipo de discusiones que hacen que el resto de las instituciones no funcionen. Si no existiera el INEGI, o si nadie creyera en lo que produce, no se podrían justificar la mayoría de las políticas públicas que existen en el país. Si no existiera el RFE, o nadie creyera en lo que produce, no podrían haber elecciones.

Una muestra de ello son la viejas discusiones sobre la confiabilidad (pre-1990) del padrón electoral,  y la muy reciente discusión sobre la medición de la pobreza. Este segundo caso no sólo es más reciente, sino que el INEGI jugó un papel fundamental al modificar la forma en la que se levanta la encuesta que se usa para medir la pobreza. El levantamiento de la información, con el cambio metodológico, sucedió casi en paralelo al nombramiento de José Antonio Meade como Secretario de Desarrollo Social, quien ya era un crítico de cómo se  mide la pobreza en México. Este cambio  provocó una reacción de CONEVAL (el órgano especializado en medir la pobreza en México) que obligó a suspender la publicación de datos sobre pobreza para 2015. La decisión se tomó no sólo porque el cambio se hizo de forma poco transparente, sino porque no se mantuvo la forma de medir anterior para poder hacer comparables los datos. Es decir, la medición de la pobreza en 2015, a la par de la crítica del Secretario de Desarrollo Social a la medición, dio números que no nos permitirían saber si la pobreza había bajado o había subido.  Sólo nos permiten saber que se había medido de forma distinta.

Meade, no conforme con el cambio metodológico en el levantamiento de datos de INEGI, también implementó una “Cartilla Social” para que SEDESOL informara a todas y todos los beneficiarios de programas sociales cuánto dinero recibían y cómo éste forma parte de su ingreso. La distribución de esta cartilla se hizo con vistas a afectar la medición de la pobreza que se hizo por INEGI en 2016. La propia Subsecretaria de SEDESOL entonces, Vanessa Rubio, dijo que ese era uno de los objetivos de la cartilla. Para entonces, Merodio ya era Directora de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales en SEDESOL y hace menos de un mes hizo en la Universidad Iberoamericana una presentación sobre la “Cartilla Social”. Es decir, ella es parte de quienes han sido responsables en implementar la “Cartilla Social” que ha tenido como objetivo afectar la medición que hace INEGI de la pobreza.

La secuencia de eventos, la reacción que provocó en CONEVAL y la implementación de la “Cartilla Social” nos dejan ver que en la generación de datos hay disputas políticas. La pobreza no sólo es un hecho, sino que es un hecho en la medida en que nos pongamos de acuerdo en que lo es. Esto es el caso con todo, no solo con la pobreza. No es exagerado decir que literalmente lo que llamamos real y verdadero es en parte producto de disputas y acuerdos. Por esta razón en los requisitos que se ponen para integrar los órganos de gobierno de instituciones como INEGI se aspira a que las y los integrantes puedan mantener al menos la apariencia de imparcialidad.

Sé que hoy es difícil sostener sin matices que existe algo como la objetividad o la imparcialidad de forma absoluta. No es descabellado ver vínculos y relaciones políticas entre, por ejemplo, Eduardo Sojo, quien fue Presidente del INEGI, y los gobiernos panistas, o el presidente actual, Julio Santaella, y la burocracia de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Lo mismo se puede decir de varios de los presidentes anteriores del INEGI. Sin embargo, la trayectoria, experiencia y el prestigio profesional se usan como criterio justamente para contrarrestar esos vínculos. No es lo mismo decir, “el presidente nombró a su compadre como secretario (…¿Luis Miranda?)” , que decir “el presidente nombró a un funcionario con una larga trayectoria, experiencia y prestigio, que resulta ser también su compadre”.

Es por estas razones que la trayectoria, experiencia, y prestigio de Merodio sí son importantes. No es simplemente si se cumplan los requisitos legales o no: es que hay otras personas (que incluso son igual o más cercanas al gobierno actual) que tienen una trayectoria más larga, tienen más experiencia en estos temas y tienen más prestigio. Es decir, la exigencia de cierto perfil en la nominación al órgano de gobierno del INEGI sirve para proteger a la institución de que en algún momento no se necesiten justificar los nombramientos y se hagan exclusivamente por la cercanía al gobierno. El riesgo mayor, incluso, no es que Merodio sea nombrada vicepresidenta, sino que la imposibilidad de defender su nominación a partir de una larga trayectoria, experiencia y prestigio, hagan que el próximo nombramiento sea simplemente justificado como una cuota partidista. No es que quienes estamos criticando la propuesta estemos  “en la grilla política” como se ha escrito, es que la propuesta como fue planteada es eminentemente política. Si el PRI y Meade meten a una persona involucrada en la modificación de la medición de la pobreza y la disputa con CONEVAL al órgano de gobierno de INEGI, ¿el siguiente nombramiento a quién le toca?

Proteger al INEGI es no dejar que la disputa en la integración de sus órganos de gobierno pueda ser leída exclusivamente como una disputa política. Peña Nieto, al proponer a Merodio, no sólo no está protegiendo al INEGI, sino que lo está dañando. Pero él no es el único responsable, si a Merodio le importa que el INEGI siga siendo la institución que ha podido ser hasta ahora en términos de confiabilidad y legitimidad, entonces ella debería retirar su nominación.