Han pasado tres meses desde que Nexos y Animal Político publicaron la investigación que hice junto con Paris Martínez sobre la Fundación Proacceso ECO A.C. y la empresa Enova. A partir de la publicación salieron una respuesta de Aleph Molinari, el presidente de Proacceso, otra de la SCT, respuestas nuestras a sus respuestas (1, 2), una solicitud de auditoría hecha por una centena de investigadores del CINVESTAV, un punto de acuerdo del Senado también solicitando una auditoría, y otros textos vinculados a los “resultados” del dinero público que se le entregó a Proacceso y Enova (1, 2). Ashoka, una de las fundaciones que ha promovido a los integrantes de Enova/Proacceso demandó que transparentaran su financiamiento. Hasta el momento ni la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior de la Federación han dicho si iniciaron una investigación y si tienen resultados. Enova/Proacceso tampoco ha presentado más información sobre su financiamiento ni sus resultados.

Supongo que hay mucha gente que no se enteró de la investigación original, y menos aún de los textos y respuestas subsecuentes. Este post lo hago un poco para juntar lo que ha salido y quien quiera conocer la historia pueda leer lo que hay en un solo lugar. También lo escribo porque me entero que en un seminario que se les da a los estudiantes de la escuela de gobierno Kennedy de Harvard (HKS) se incluye a Proacceso/Enova como un caso ejemplar para hacer los proyectos finales de la maestría en políticas públicas. No sé qué versión cuente Moís Cherem, director de Enova, en ese seminario, pero sin duda valdría la pena que los estudiantes conocieran la versión completa.

1) En el reportaje Paris y yo narramos cómo un grupo de cuatro personas obtiene donaciones millonarias de parte del gobierno del Estado de México y del Gobierno Federal a través de una asociación civil, Proacceso ECO, que a su vez contrata a una empresa Enova. (Enova no tenía otros clientes, y Proacceso ECO tiene a Enova como principal proveedor). El objetivo de estas donaciones es construir, operar y mantener unos centros de cómputo en los que se dan clases de computación, matemáticas y español a personas que se inscriban y paguen por ellos. Es decir, en el mejor de los casos el dinero público un subsidio gigantesco a una red de escuelas privadas de computación..

Las cuatro personas que dirigen la A.C. y la empresa no tenían experiencia previa en temas educativos, y pese a que Cherem suele decir que es un “innovador” esquema tripartita entre el “sector social”,  “sector privado” y el gobierno; ni la A.C. ni la empresa existían realmente antes de que el gobierno les hiciera las donaciones. En pocas palabras, en esa alianza tripartita la A.C. y la empresa no pusieron ni experiencia, ni capital, ni capacidad técnica (como se suelen justificar las asociaciones público-privadas). Evidencia de ello es que en ningún momento se sometieron a concursos abiertos o licitaciones para obtener las donaciones y contratos del gobierno.

2) Sumado a la entrega de dinero sin justificación ni procesos públicos, tampoco ha habido auditorías para ver si el dinero público entregado ha tenido las consecuencias esperadas. Hasta el momento lo único que hay son auditorías sobre el proceso de construcción de los lugares, y éstas son bastante escuetas, y no las hay sobre la operación cotidiana. Más importante es que no hay evaluaciones públicas sobre los objetivos del gasto. Enova y Proacceso ECO reportaron el número de usuarios registrados, pero si eso se traduce en algo más que usuarios registrados no lo sabemos. Más grave aún, ellos no tienen siquiera bien definido cuál es el impacto que esperan y por el cual se les dio el dinero. Por un lado hablan de reducir “la brecha digital” pero por el otro mandaron a hacer un par de evaluaciones privadas sobre el supuesto impacto, de uno de los módulos en uno de sus cursos, en los resultados en español y matemáticas en la prueba ENLACE.

3) Este modelo, o una parte de él, fue replicado también con dinero público a nivel federal por la SCT. Una vez más sin concurso o licitación, a través de un intermediario, la Universidad Autónoma de Nuevo León, se contrató a Enova para operar 32 centros de computo en cada estado del país.

Hasta el momento Enova ha guardado silencio, y sólo Proacceso ECO ha contestado. Su respuesta, trae una descripción de los que hacen pero no dan ninguna referencia que conteste las dudas que surgen de la investigación: a) ¿por qué les donaron el dinero público? b) ¿cómo se ha usado y auditado el uso del dinero público? c) ¿qué criterio de evaluación de impacto tienen? ¿cómo se ha evaluado el programa?

Uno de los temas más contenciosos frente a Enova/Proacceso es que la única “evaluación” que mandaron a hacer la hicieron para medir el impacto de uno de sus cursos en los resultados en matemáticas y español en la prueba Enlace. Sin embargo, pese a que esta evaluación Mois Cherem la fue a anunciar hasta al noticiero de Loret de Mola, en su respuesta Proacceso ECO dice que no es con la prueba Enlace que ellos miden sus resultados (ni de ninguna otra manera hasta el momento).

El uso de la prueba Enlace, por Enova y Proacceso, como justificación de los millones de pesos entregados generó a su vez dos respuestas. Por un lado, José Merino y Eduardo Fierro, tomaron los supuestos de Enova y Proacceso de que mediante una cosa que llaman “acupuntura urbana” tienen un impacto en los resultados escolares de los niños a cierta distancia de donde ponen sus centros. Asumiendo que Enova/Proacceso actuó bajo ese supuesto, Merino y Fierro, encontraron que los resultados de los niños en estas áreas no sólo no mejoraron sino que empeoraron. Yendo un paso atrás Omar García-Ponce escribió una crítica a la pequeña evaluación que sí hizo Enova/Proacceso y que usó de forma recurrente para justificar su financiamiento, donde señala que esa evaluación ni siquiera discute ni explica los muy limitados resultados y sus contradicciones.

Como es obvio por la investigación uno de los temas centrales es la falta de transparencia y evaluación en el uso de dinero público. Pero dos de los temas, que son los que han servido a Enova/Proacceso para su muy amplia campaña de relaciones públicas, son el uso de la palabra “innovación” y el término “empresa social”. Enova/Proacceso no han dicho en qué innovaron excepto en conseguir dinero público sin muchos controles. No explican nada particular de su “modelo” pedagógico que implique alguna innovación en el área. Dicen que son una “empresa social” porque la utilidad de la empresa no es su fin máximo, sino el “impacto” en la gente. Sin embargo, no saben cuál es el impacto, no saben cómo medirlo y solo dicen saber que dan un servicio…y muy subsidiado, y pese a ello con muchas utilidades (o al menos muy buenos sueldos para los dueños).

No sé qué va a pasar. Me sorprendo a veces tratando de entender por qué este escándalo no ha sido más escandaloso. Pero tengo la esperanza que si no va a haber una investigación profunda sobre qué ha pasado con el dinero, quién y por qué razones lo asignó, al menos haya una reflexión sobre cómo se movilizan ciertos términos como “innovación” y “empresas sociales” para justificar hacer cosas como las de Enova/Proacceso. También una reflexión sobre los “premios” y “reconocimientos” que se dan a este tipo de empresas simplemente porque promueven un lenguaje más que soluciones concretas e interesantes.

No sobra decir que envueltas en estas modas también hay personas que hacen las cosas bien, con buenos proyectos, que pueden explicar cómo y por qué recibieron apoyo financiero del gobierno. Enova/Proacceso se lleva entre las patas a estas personas, nos hacen verlos a todos con suspicacia pues en su medio quien ha resultado tan reconocido y premiado es incapaz de justificar cómo obtuvo, cómo usa, y para qué gasta el dinero público.