Hace uno días se conmemoró el Día internacional de trabajorxs del hogar. Como ha sucedido en los últimos años CONAPRED e INEGI distribuyeron información sobre las condiciones de lxs trabajadorxs del hogar en México. También, por primera vez, la Secretaría del Trabajo del DF organizó un evento para difundir información sobre la situación, y se estableció un programa para que trabajadorxs domésticxs tengan servicios de salud gratuitos en la ciudad. Hace algunos años, NEXOS publicó un número con varios textos (uno de ellos ganó el premio de periodismo de discriminación) sobre el tema, que van desde la condiciones laborales y los salarios hasta los espacios de vivienda. En resumen son condiciones laborales en las que se gozan de pocos derechos, si es que alguno, y los abusos dentro de lo que se supone es una relación laboral, son bastante frecuentes.

Este año CONAPRED y organizaciones de trabajadorxs del hogar  han logrado cabildear y convencer al gobierno federal para que se ratifique el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a los firmantes a reconocer plenos derechos laborales a trabajadorxs domésticxs. Se supone que pronto se enviará al Senado. Esto no quire decir que se pida un régimen de excepción, sino por el contrario, otorga un piso de derechos equiparable al de otros trabajadorxs que contrasta con la Ley Federal del Trabajo (LFT), la que actualmente reduce los derechos laborales de trabajadorxs domésticos.

Al mismo tiempo en Radio Ambulante subieron una reportaje sobre un caso de una niña a quien robaron para después esclavizar como trabajadora doméstica en Colombia. La historia es desgarradora, pues la violencia que sufre en manos de “los señores de la casa”–que incluye golpes, sangre y violación–no sólo daña profundamente a ella, Nohemí, sino a los hijos de los “patrones” que ven a su madre y padre esclavizar a una niña. Años después de sucedido el rapto y esclavitud, una de la hijas de los patrones ayudó a Nohemí a pelear por una indemnización y por el derecho a saber la historia de su niñez y de su verdadera familia.

Ahora gracias a @sarahidalgo leo un texto de Nara Milanich sobre distintos “grados de esclavitud” en el siglo XIX en América Latina. El texto trata sobre cómo después de las independencias de los países latinoamericanos, y la abolición formal de la esclavitud en casi todo el continente, se crearon otros “grados de esclavitud” que no eran planteados como tales, aunque de hecho lo eran. Por lo visto, era muy frecuente que a familias no indígenas se “les entregara” (como “regalo”, no cómo bien de mercado) una niña o niño indígena (aunque no exclusivamente indígenas) para que fueran criados  (educados, integrados, etc.) a cambio de su trabajo dentro del hogar sin paga. De ahí el origen del uso de la palabra criada para referirse a las trabajadoras del hogar. Milanich llama a esta forma de esclavitud “servidumbre tutelar”, porque no eran esclavos sujetos a la compra y venta en un mercado, sino que se entendían fuera del mercado y dentro de las relaciones familiares. La “tutela” excusaba así la servidumbre involuntaria de menores de edad. También, por eso, el término muchacha  se usaba (y se usa) no para denotar edad, sino la condición de subordinación jerárquica en un contexto familiar. Vale la pena que aquellos interesados en el tema lean este texto, pues reconstruye la institución con referencias judiciales y biográficas de los pocos casos que salían a la luz pública por medio de los tribunales (incluyendo uno en Sonora).

Recientemente he visto, al menos anecdóticamente, mayor conciencia sobre la condiciones del trabajo doméstico gracias a las campañas de CONAPRED y lxs varxis periodistxs que han escrito al respecto. Sin embargo entre las mejores intenciones veo el uso recurrente del lenguaje de parentesco para justificar tanto la atención al tema como la ausencia de plenos derechos. Me vienen a la cabeza el siguiente ejemplo: “¡cómo no voy a llevar al doctor a mi muchacha si es como mi hermana!”. Pero justamente el centro del reconocimiento de las relaciones laborales es que no son entre parientes, sino entre dos (o más) personas que hacen (o deben hacer) un contrato con ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Uno puede “querer” mucho a alguien con quien tiene una relación laboral, pero sus derechos no deben depender del tipo de sentimientos que se tienen hacia esa persona. Esto último también quiere decir que la relación jerárquica sólo debe estar justificada de forma práctica dentro de las condiciones del trabajo, no a través de la emulación de una relación de parentesco como se hace entre padres y madres e hijxs, o una muy decimonónica noción de tutelaje a quien se presupone cultural/educativa/racialmente inferior.

La historia de la servidumbre tutelar también debe ponernos a pensar en qué denotan el uso de los términos criada y muchacha. Cuando a una señora trabajadora de 45 años su jefx le dice muchacha hay algo más que una descripción coloquial de un trabajo: hay una forma de infantilización (lo mismo con el mesero/despachador de gasolina/franelero/etc al que se le dice joven sin importar su edad). Reconozco que no todo mundo atribuye el mismo peso a las palabras que aquí argumento, pero incluso si concediera que el uso coloquial de esos términos no carga hoy una forma de infantilización, lo que sí hace es opacar la relación de jerarquía laboral que implica subordinación pero con derechos y obligaciones entre jefx y trabajador, empleador y empleadx. (Aprovecho el tema para también reflexionar sobre el uso de “tú” y el “usted” en relaciones jerárquicas. A veces pareciera que quien está en la posición de superior jerárquico usa el “tú” para denotar trato igualitario, pero la persona en la situación inferior sigue usando el “usted”. Es decir, si lo que se quiere mostrar es una señal de respeto dentro de una relación laboral jerárquica, probablemente sea mejor idea que tanto empleadx como empleador usen el “usted” para referirse el uno al otro.)

Por último, aunque sin duda es un acierto lo que ha hecho CONAPRED para que se ratifique el acuerdo de la OIT y el anuncio del programa del GDF de servicios médicos gratuitos, tengo un par de dudas sobre la distribución de responsabilidades. Por un lado, temo que la ratificación del convenio de la OIT sea como tantas otras reformas legislativas una fuga hacia adelante. Se aprueban y aprueban nuevas leyes, y después no verificamos si se implementan o no, y si los responsables de hacerlo hacen su trabajo o no. Es sintomático que a nivel federal, un asunto de derechos laborales no esté siendo promovido ni por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ni por el IMSS, sino por el órgano encargado de prevenir la discriminación.

En su artículo de la semana pasada Ricardo Raphael cita una tesis judicial que dice que lxs patronxs no están obligados a inscribir a lxs trabajadorxs del hogar al IMSS. Por esta razón tiene sentido tanto la ratificación del convenio de la OIT como el programa del GDF. Sin embargo, me preocupa que el acceso gratuito a servicios médicos sea una forma de evasión de la responsabilidad de lxs patronxs, quienes como con cualquier otro trabajo tendrían que asumir su porción en la distribución tripartita en el pago de la seguridad social.

Un ejemplo más preciso sobre la evasión de responsabilidades es de la STPS. Según la LFT lxs trabajadorxs del hogar sí gozan de ciertos derechos, pero no sabemos si la STPS  ha hecho alguna vez una inspección del trabajo o no. No sabemos tampoco si ha impuesto una multa a empleadores por no garantizar acceso a trabajadorxs domésticos (y sí aquí se nota un resabio de la idea de tutelaje, aunque podría convertirse en “capacitación en el trabajo”) a educación básica como lo marca el artículo 998 de la LFT. Tampoco sabemos por qué aunque la ley (art. 335) dice que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos debe establecer el salario mínimo del trabajo del hogar, no lo ha hecho o por lo menos no aparece en la lista de salarios mínimos profesionales que está en su página. Es decir, está muy bien que el Senado ratifique un tratado internacional, pero no estaría nada mal empezar por que el Poder Ejecutivo ejerza las atribuciones que tiene y asuma la responsabilidad de su omisión y negligencia.